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El análisis de los paralelismos entre la política judicial de Manuel Azaña (durante la Segunda República) y la de Pedro Sánchez (en la actualidad) es un tema de debate recurrente entre historiadores y analistas políticos. Aunque existen diferencias profundas de contexto histórico y constitucional, diversos analistas coinciden en señalar ciertas dinámicas estructurales comunes en la relación de ambos gobernantes con el Poder Judicial.

A continuación se resumen los principales puntos de encuentro y desencuentro en la forma en que ambos líderes han gestionado su relación con las instituciones de justicia:

1. El argumento del "obstruccionismo" judicial y el Lawfare

• Manuel Azaña: Durante el primer bienio de la Segunda República, el gobierno de Azaña percibía a gran parte de la judicatura tradicional, heredada de la monarquía de Alfonso XIII y de la dictadura de Primo de Rivera, como un estamento conservador y hostil a las reformas republicanas. Para superar lo que consideraban una resistencia reaccionaria, se implementaron medidas como las jubilaciones forzosas de magistrados desafectos y la creación de tribunales especiales (como el Tribunal de Garantías Constitucionales).

• Pedro Sánchez: Desde sectores del entorno del actual Ejecutivo se ha denunciado la existencia de una supuesta estrategia de judicialización de la política (lawfare o guerra jurídica), argumentando que ciertos sectores de la alta judicatura operan con sesgos conservadores para desgastar o frenar la agenda del Gobierno progresista. En intervenciones públicas, el presidente ha señalado la existencia de magistrados que, a su juicio, "hacen política" desde sus juzgados. 

2. Modificaciones en el acceso y control de los órganos judiciales

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3. Tensiones legislativas y amnistías

• Manuel Azaña: La relación entre las leyes de la República y los jueces tradicionales experimentó severas fricciones con la aplicación de la Ley de Defensa de la República y, posteriormente, con la amnistía concedida tras el triunfo del Frente Popular en 1936, la cual anuló las sentencias derivadas de los sucesos revolucionarios de octubre de 1934.

• Pedro Sánchez: El choque normativo y judicial más destacado de su mandato ha sido la tramitación y aplicación de la Ley de Amnistía dirigida a los encausados por el proceso independentista catalán. Esta medida generó una oposición explícita y pronunciamientos institucionales críticos por parte del Tribunal Supremo y de la práctica totalidad de las asociaciones judiciales, que la interpretaron como una injerencia en las competencias exclusivas del Poder Judicial. 

El paralelismo entre la relación de Manuel Azaña con el Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC) y la de Pedro Sánchez con el actual Tribunal Constitucional (TC) es una de las vertientes más debatidas del análisis comparado, ya que ambos periodos muestran una alta politización en el diseño y en las decisiones de la máxima corte encargada de velar por la Carta Magna.

A continuación se analizan los puntos de encuentro y las diferencias estructurales en la relación de ambos mandatarios con estos tribunales:

1. La batalla por la composición y las "mayorías" afines

• Manuel Azaña: El TGC de la Segunda República se diseñó con una composición hiperbólica (llegó a tener más de 25 miembros) que incluía representación de las regiones, de los ayuntamientos y del Parlamento, lo que introdujo la pugna partidista desde su origen. En 1933, tras el giro electoral hacia el centroderecha, el tribunal adquirió una mayoría de magistrados conservadores. Esto irritó profundamente a Azaña y a la izquierda, que acusaron al tribunal de ser un obstáculo para la legislación republicana.

• Pedro Sánchez: El actual Tribunal Constitucional (compuesto por 12 miembros) ha sido el epicentro de un prolongado bloqueo institucional para su renovación, debido a la falta de acuerdo entre los grandes partidos para nombrar a los vocales que corresponden al Congreso, al Senado y al CGPJ. En el mandato de Sánchez, el tribunal pasó de tener una mayoría de sensibilidad conservadora a una de sensibilidad progresista (tras la renovación de finales de 2022, que incluyó el nombramiento de ex altos cargos del propio Ejecutivo, como el exministro Juan Carlos Campo). La oposición acusa recurrentemente a Sánchez de "colonizar" el tribunal para asegurar el visto bueno a sus leyes.

2. El fallo de las leyes estrella como detonante del choque

• Manuel Azaña (El conflicto por la Ley de Contratos de Cultivo): El mayor choque entre Azaña y el TGC ocurrió en junio de 1934. El parlamento catalán (aliado de la izquierda de Azaña) aprobó una ley agraria reformista. El TGC, con su mayoría conservadora, la declaró inconstitucional por invasión de competencias. La izquierda republicana y los nacionalistas catalanes respondieron declarándose en rebeldía contra el tribunal, desautorizando su legitimidad y tachando el fallo de "sentencia política". Este desacato directo fue un catalizador de la crisis institucional que desembocó en los sucesos revolucionarios de octubre de 1934.

• Pedro Sánchez (Los Estados de Alarma y la Amnistía): Durante su mandato, el Tribunal Constitucional (bajo la anterior mayoría conservadora) asestó duros reveses al Ejecutivo al declarar inconstitucionales los confinamientos de los Estados de Alarma decretados durante la pandemia de COVID-19, así como el cierre del Congreso. Aunque el Gobierno acató formalmente las sentencias, diversos ministros las criticaron públicamente con dureza. Con el posterior cambio a la mayoría progresista presidida por Cándido Conde-Pumpido, el tribunal ha avalado leyes clave del Ejecutivo (como la Ley del Aborto o la Ley de Eutanasia) y se enfrenta al examen definitivo de constitucionalidad de la Ley de Amnistía, en un clima de alta polarización donde la oposición acusa al tribunal de actuar como una "extensión" del Gobierno.